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El Pleno del Ayuntamiento de Granada de marzo incluye en el orden del día una declaración institucional en la que todos los grupos políticos con representación municipal solicitan de “forma urgente e inmediata y de manera integral” un plan de actuación “concreto y estructural” por parte de las administraciones competentes y de la empresa suministradora del servicio eléctrico que permita “acabar con la lacra de los cortes de luz que desde hace diez años sufre el distrito Norte de la ciudad”.

El acuerdo institucional supone, en palabras del portavoz del equipo de gobierno municipal, Jacobo Calvo, un “paso decisivo” en la lucha ”que afecta al distrito Norte», dado que “por primera vez todos los partidos políticos acordamos propuestas concretas” dirigidas a garantizar que los ciudadanos y ciudadanas del distrito Norte “tengan, al igual que el resto de granadinos, el derecho de tener luz las 24 horas del día durante los siete días de la semana”.

En este sentido, y tras recordar que el 75% de la población del distrito Norte “paga escrupulosamente los recibos de la luz “y de que cuenta con una población en la que el 20% sufre situación de pobreza energética, el edil, que a su vez es también presidente de la Junta Municipal de Distrito Norte, ha explicado que con esta declaración institucional el Ayuntamiento de Granada “hace suyas las propuestas presentadas en la Memoria Anual del Defensor de la Ciudadanía”.

Así, el Ayuntamiento de Granada, pese a que “se trata de un problema que excede a las competencias municipales”, reitera su compromiso de “querer formar parte de una solución” por lo que acuerdo un total de quince actuaciones concretas, entre las que Jacobo Calvo ha destacado la exigencia a Endesa de que garantice “especialmente” el suministro eléctrico a todas los menores, en centros educativos y de salud, así como a las personas mayores, dependientes y con tratamientos y cuidados especiales de salud, para los que se solicita “la tramitación y blindaje de suministro a personas electrodependientes”.

Por lo que respecta a las medidas dirigidas al Gobierno central, los grupos municipales solicitan una moratoria del bono social eléctrico para que, “como mínimo, se mantenga en los descuentos del 60% y el 70% respectivamente, al menos hasta marzo de 2023”, que el problema de los cortes de luz “sea asunto de Estado y se aborde en el Congreso de los Diputados y que “se afronte el problema del cultivo y distribución de marihuana de forma global, eficaz, coherente y planificada”, para lo que se le insta “a que en el plano normativo sea más restrictivo”.

Jacobo Calvo, en relación al Ayuntamiento de Granada, ha reiterado que, pese a carecer de competencias, “no quiere decir que no hayamos ejercido el derecho de coordinar las diferentes administraciones y a Endesa a través de la mesa técnica para que trabajemos en la finalización de esos cortes de luz”.