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El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar la tramitación, por parte de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior el anteproyecto de Ley de la Función Pública de Andalucía. El objetivo es actualizar la regulación legal vigente, que data de 1985. Adaptándola a las necesidades de un nuevo modelo de administración más profesionalizada y basada en una gestión de sus recursos humanos orientada a la calidad. Además de la eficiencia, la cualificación y el compromiso con la realidad social y económica. Todo para favorecer la excelencia en la prestación de los servicios públicos.

Esta ley será lo suficientemente flexible como para adaptarse a los retos y cambios que la Administración andaluza requiere. Además de dar respuesta a las reivindicaciones del personal al servicio del Gobierno andaluz, atiende las reclamaciones de los ciudadanos que piden una Administración más ágil.

La importancia de esta nueva Ley

Esto va unido a la necesidad de desarrollo de la normativa estatal de carácter básico. Cuyo desarrollo no se había hecho en Andalucía a pesar de ser un mandato de hace 15 años. Además, se unifican en un texto todas las cuestiones relativas al régimen jurídico del personal funcionario y laboral que presta servicios en la Administración de la Junta. Eliminando así la necesidad de recurrir con carácter supletorio a la normativa estatal para colmar las lagunas existentes en la regulación vigente en la actualidad.

El ámbito de aplicación de la ley incluye a todo el personal funcionario y laboral de la Administración General. Con respeto en todo caso a la normativa específica propia de determinados sectores y ámbitos. Además, contempla al personal de las restantes administraciones públicas, con respeto a la autonomía local y universitaria y a su legislación específica propia. Así como al contratado por las entidades instrumentales en algunas cuestiones muy concretas. Se trata de establecer un régimen lo más homogéneo posible para evitar que se repitan problemas del pasado.