El Instituto Andaluz de la Mujer ha atendido a 812 mujeres en Andalucía a lo largo de 2020. Lo que supone un aumento del 33,33% con respecto a 2019 cuando este servicio dio apoyo a 609 víctimas.

De las 812 mujeres atendidas un total de 275 mujeres acudieron al IAM por primera vez en busca de ayuda y 537 eran usuarias con entrada en periodos anteriores y que han continuado recibiendo asistencia jurídica y psicológica. Además, se ha dado cobertura a 106 familiares, la mayoría de ellos madres de las víctimas; con lo cual se ha prestado apoyo a cerca de un millar de personas (918).

La consejera Rocío Ruiz ha subrayado que “los abusos y agresiones sexuales son un grave problema que lejos de desaparecer se siguen produciendo en todos los ámbitos sociales. Además se van transformando dando lugar a nuevas formas de la violencia sexual. Los fines de semana y los espacios lúdicos de diversión entrañan para las mujeres un mayor riesgo de sufrir violencia sexual”.

La importancia de esta asistencia

Ruiz ha señalado que “los efectos de esta violencia sobre la salud física y psicológica de niñas y mujeres resultan devastadores. Nos encontramos con lesiones, enfermedades de transmisión sexual y, en los casos más graves, la muerte. A esto se le suman las secuelas psicológicas a las que se enfrentan: trastornos ansioso-depresivos, trastorno por estrés postraumáticos, trastornos del sueño, dificultades para restablecer las relaciones sociales y laborales, etc. Por si fuera poco, a estas secuelas, se unen los efectos de la victimización secundaria que sufren estas mujeres”.

Así, el servicio de información jurídica, asistencia legal y atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía se configura como una red de atención especializada y gratuita a las mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía. Las usuarias son mujeres, mayores de 18 años, con domicilio en Andalucía, que hayan sido víctimas de violencia sexual o abusos sexuales. Así como adolescentes mayores de 16 años y que demanden la asistencia legal las personas que actúen como sus representantes legales.