Algunos miembros de la Junta de Andalucía se han reunido. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín; el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo; y la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo. Todos se han reunido la constitución de la mesa de coordinación para la puesta en marcha de iniciativas. Así garantizar los derechos de los ciudadanos que sufran la ocupación ilegal de sus viviendas.

El vicepresidente andaluz ha considerado “importante que desde las consejerías involucradas pusiéramos en marcha un punto de encuentro. Donde todos los ciudadanos puedan acudir cuando afronten una situación así. Se están llevando muchas actuaciones y estamos viendo la aparición de mafias que se aprovechan de estas ocupaciones y generan problemas sociales y personales”.

Por su parte, Marifrán Carazo ha insistido en que urge un plan estatal “anti-okupación”. La “pasividad” del Gobierno central no frena al aumento del número de casos de ocupación ilegal en España con la crisis. “Hay que evitar la ocupación ilegal que provoca inseguridad a los propietarios legítimos. Sobre todo, graves problemas de convivencia”, ha afirmado la consejera.

¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa?

El objetivo es poner en común y coordinar las distintas iniciativas del ámbito competencial de cada una de las consejerías afectadas. Así contribuir al mayor cumplimiento y garantía de los derechos de los ciudadanos que sean víctimas de la ocupación ilegal de su vivienda.

Una instrucción, aprobada por la Secretaría General de Vivienda, ha ampliado las atribuciones del actual Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en materia de Desahucios (SAID). A partir del 1 de enero este sistema permitirá también dar asesoramiento para los casos de ocupación de viviendas. Un fenómeno al alza no sólo en España, sino también en Andalucía. Donde se han contabilizado 1.183 casos durante el primer semestre del presente año. Lo que equivale a cerca de siete casos al día.

Cuando un ciudadano sea víctima de la ocupación ilegal de su vivienda podrá acudir al sistema. Le ofrecerá atención personalizada, valorará los hechos, orientará a la víctima sobre las medidas que puede adoptar de carácter inmediato. Además de las diferentes vías para lograr el desalojo de la misma. También le brindará las posibilidades de asistencia jurídica. Por último, le facilitará el contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para elevar las denuncias pertinentes.