La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible prorrogará excepcionalmente la vigencia de los planes técnicos de caza de la pasada temporada para el inicio de 2020-2021, ya que los trámites administrativos necesarios para la aprobación de las nuevas planificaciones se han visto afectados por las restricciones derivadas del estado de alarma impuesto para luchar contra la propagación del Covid-19. Esta ampliación, que se realizará a través de las correspondientes Delegaciones Territoriales de este Departamento del Gobierno andaluz, tendrá una vigencia de cuatro meses a partir del próximo día 1 de junio de 2020 y se aplicará a todos aquellos cotos cuyo plan concluya el 31 de mayo de este mismo año.

Los planes técnicos de caza son un instrumento de gestión de los terrenos cinegéticos dirigidos a asegurar el aprovechamiento sostenible de las especies objeto de esta práctica. Por tanto, con su aplicación y respeto se garantiza el desarrollo de una actividad compatible con la conservación de la diversidad biológica.

La normativa actualmente en vigor establece que, para poder cazar, todos los terrenos deben contar con una planificación aprobada por el órgano territorial provincial con competencia en la materia y que, por lo general, se mantienen durante cinco años coincidiendo con temporadas completas (desde el 1 de junio al 31 de mayo del año siguiente). Una vez finalizado el período de vigencia, no está permitido el aprovechamiento cinegético hasta la aprobación del nuevo documento.

Esta medida que pondrá en marcha la Consejería de Desarrollo Sostenible responde a que la situación actual, condicionada por la pandemia por coronavirus, ha dificultado en gran medida una parte importante de los trabajos necesarios para la redacción, comprobación y tramitación de estos planes que, entre otros conceptos, incluyen acciones cinegéticas necesarias para la adecuada gestión de las poblaciones. Éste es el caso, por ejemplo, de la actividad cinegética dirigida al control de daños ocasionado en la sociedad por determinadas especies animales, la necesaria reducción del número de algunas poblaciones o la caza selectiva.

De hecho, durante el tiempo que ha transcurrido desde la declaración del estado de alarma, se ha detectado la presencia de algunas especies cinegéticas en zonas urbanas, campos de cultivo y áreas próximas a infraestructuras donde pueden generarse desperfectos y accidentes. Por tanto, ante la inminente llegada de la nueva temporada de caza, es imprescindible que se mantenga la actividad de todos los terrenos acotados con vistas a normalizar el equilibrio de las poblaciones cinegéticas y evitar posibles daños. Además, con el inicio de  la nueva temporada de caza, esta actividad contribuirá también a impulsar la  economía de las zonas rurales de Andalucía.
Incendios forestales

Por otro lado, el Gobierno andaluz también prorrogará con carácter excepcional los Planes de Prevención de Incendios Forestales (PPIF) cuya vigencia concluya durante el estado de alarma. Estos documentos son obligatorios para todos los terrenos de este tipo que carecen de proyecto de ordenación de monte o plan técnico y que, al igual que los de caza, tienen también cinco años de vigencia desde su aprobación.

Estas planificaciones incluyen, entre otras cuestiones, la evaluación, distribución espacial e inflamabilidad de la vegetación y la descripción de las infraestructuras preventivas del monte o la estimación del riesgo de incendios que existe. Asimismo, recogen también el calendario de ejecución de las medidas preventivas a adoptar para minimizar la posibilidad de que se declaren incendios forestales, su propagación y sus efectos; las actuaciones de tratamientos selvícolas preventivos a realizar, para la apertura y mantenimiento de los cortafuegos y medidas relativas a la construcción de infraestructuras de apoyo a puntos para el almacenamiento de agua y a caminos forestales o helipistas.

La crisis sanitaria, y las medidas adoptadas para contenerla, han conllevado ciertas complicaciones para la redacción, comprobación y tramitación de los PPIF que finalizaban su vigencia durante el estado de alarma. Por ejemplo, al estar limitada la movilidad, los propietarios de algunas fincas han tenido dificultades para realizar la toma de datos y mediciones necesarias para la elaboración de estos documentos.

La relevancia de la prórroga que activará próximamente la Junta de Andalucía, y que se extenderá hasta que concluya la temporada de máximo riesgo por incendio forestal (1 de junio-15 de octubre) se corresponde con la gran utilidad de contar con unos documentos plenamente vigentes como instrumentos fundamentales en la prevención de incendios y con el hecho de que los trabajos incluidos en estos planes de prevención movilizan recursos en el medio rural que favorecen directamente la actividad económica de los municipios de estas áreas.

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