Agentes de la Policía Nacional han desarticulado a un grupo de criminal que estaría dedicado a favorecer la regularización de empresarios marroquíes en su país y de sus familias con alto poder adquisitivo mediante la falsificación de documentos que les hacían pasar por empresarios también en territorio español.

En la operación contra la inmigración ilegal han resultado detenidas ocho personas, entre ellas una abogada en ejercicio con despacho en Granada, habiéndose detectado la regularización ilegal de 15 personas pertenecientes a cuatro familias.

Trama de la investigación

Las investigaciones se iniciaron con ocasión de una investigación anterior en la que agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada advirtieron que un empresario marroquí en su país había obtenido autorización de residencia y trabajo después de presentar documentos falsificados que le acreditaban como falso titular de un establecimiento de venta de calzado situado en un local del centro de la ciudad, en el que no ha habido comercio alguno.

Foto: Policía Nacional

Una vez determinada la realización del trámite documental en un despacho de abogados de Granada, descubrieron que la abogada se habría desplazado al Consulado de España en Nador donde habría instado en nombre del extranjero, que sí era empresario en Marruecos, un procedimiento de regulación el cual se hacía extensivo para su esposa e hijos. Entre otras irregularidades, la familia únicamente residía en nuestro país cortos periodos de tiempo los necesarios para no exceder los espacios temporales que los extranjeros residentes pueden estar fuera.

Además de simular falsas actividades mercantiles, los locales y pisos eran alquilados realmente, a través de una inmobiliaria y, para obtener la complicidad o el silencio de los propietarios, se les abonaban semestres completos por adelantado. En el caso de que manifestasen la inexistencia de negocios en sus locales, se les indicaba que se trataba de una práctica legal.

Conclusión

Los investigadores han acreditado la regularización ilegal de cuatro familias marroquíes de nivel económico acomodado, que suman en total 15 personas con permisos de residencia en fraude de ley, motivo por el que, al margen de las actuaciones penales emprendidas, se ha solicitado la revocación de las autorizaciones de residencia y trabajo por cuenta propia.