Desde hace más de treinta años España viene sufriendo disputas en el sector de la radiodifusión donde solo unas pocas emisoras cuentan con título habilitante para emitir “legalmente”. Pero las que no lo tienen es básicamente porque no se conceden, no porque no lo quieran tener. Y últimamente estas empresas periodísticas están siendo perseguidas injustamente por asociaciones de prensa que prefieren protestar antes que preguntar o indagar, incumpliendo la primera norma del periodismo: Contrastar la información.

En esta situación se encuentran cientos de empresas radiofónicas en Andalucía que pagan sus impuestos, dan de comer a familias enteras y realizan una labor profesional los 365 días del año. Y todo ello sin contar con una licencia que solo se conceden a las mismas emisoras que ocupan el mayor número de diales posibles en España. Esas mismas emisoras son las que quieren seguir contando con todo el pastel y que, a la mínima de cambio, denuncian la ocupación del espectro de la Frecuencia Modulada, como recientemente hizo el periodista José Antonio Abellán.

La guerra contra las mal denominadas “radios piratas” es injusta, desproporcionada y se lleva a cabo bajo las directrices políticas que más interesan. Recientemente, el Partido Popular en la Junta de Andalucía pretendía impulsar la economía en Andalucía con el Decreto-Ley 2/20 de la que afecta a 21 leyes y contempla la privatización de las emisoras municipales, entre otras cosas. Una acción que lo único que podría permitir es que estas empresas mal denominadas “radios piratas” respiraran un poco en medio de la jungla de la Frecuencia Modulada.

Más de 30 años sin conceder licencias lleva el gobierno

Pero la maquinaria informativa en este país, sobre todo ligadas a la emisora de mayor audiencia en España, durante toda la democracia, no lo podían permitir. Amparados en asociaciones de periodistas que no han contrastado la información y no se han preocupado en saber qué sucede con asociaciones que, por ejemplo, defienden a estas radios sin título habilitante, prefieren protestar y aplaudir que el Tribunal Constitucional haya paralizado, de momento, el decreto de la Junta.

Y es cuanto menos más extraño que se haya creado recientemente la Plataforma de Defensa de la Comunicación y el Periodismo de Andalucía: PDCPA, y que lo primero que haya hecho sea solicitar una reunión con el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno para protestar por las modificaciones de la Ley Audiovisual Andaluza por el impacto negativo que tendrá sobre el empleo y la pluralidad informativa.

Por fortuna, también hay asociaciones que amparan a los empresarios detrás de estas radios sin “título habilitante”. ADELA, ARI y APRIL, han salido al paso para defenderse de acusaciones graves y que carecen de todo fundamento más allá de los propios intereses comerciales que, según ellos, se verían afectados con el decreto de la Junta de Andalucía.

Pero lo que desconocen es que la mayoría de emisoras “sin título habilitante” nacen en nuestro país entre los años 82 y 84, por tanto antes de promulgarse la Ley Estatal Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de ordenación de las Telecomunicaciones; y por supuesto antes de 1 las posteriores leyes audiovisuales tanto estatales como autonómicas. Los empresarios fueron siempre por delante de la Ley, pues el Gobierno Central y las Autonomías no legislaban en aquel momento para adjudicar frecuencias –siendo
su obligación para establecer concursos para un reparto justo del espacio
radioeléctrico como dominio público que es-.

Comunicado para defender a las emisoras sin título habilitante

Pero lo que tampoco saben (o no quieren saber) es que estas emisoras han venido reclamando “poder participar en condiciones de igualdad en posteriores concursos sin éxito alguno, o reclamando que se proceda a convocar de nuevos para dar cabida a nuevas emisoras –sobre todo de personas jóvenes y empresas emergentes que no han tenido nunca opción a nada-“

Tendrá algo que ver “con que que Movistar, Atresmedia y Mediaset acaparen el 75% de los ingresos del sector audiovisual. Y Los consejos de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE), Mediaset, Atresmedia y CCMA (Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals) alcanzan el 94% de la cuota del mercado audiovisual español y controlan lo que ve el 78% de toda la audiencia. En
el caso de la radio son la Ser, la COPE, Uniprex (Ondacero) y Radiocat XXI (RAC1) quienes deciden lo que escucha el 80% de la audiencia total de la radio española y controlan el 97% del mercado. Y la alta concentración cruzada de los medios de comunicación provoca que España padezca un “riesgo alto” de falta de pluralidad. Son datos del último informe de 2016 del “Media Pluralism Monitor”.

Desde estas asociaciones y radios lo que se pide al gobierno es que abran las licencias, que las pongan a disposición de todos los que la quieran y que “dejen de sancionar” en su lugar. La Ley Audiovisual defiende a muchos y deja indefensos a otros que se ven, igualmente, indefensos ante comunicados y acciones “periodísticas” que dejan mucho que desear.

Puedes leer el comunicado íntegro aquí.

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