El pasado viernes 11 de septiembre se iniciaba el periodo de audiencia pública para el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (APL), al que se podrán realizar aportaciones hasta el día 13 de octubre en la página web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.

La futura Ley realizará la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se establece el código europeo de las
comunicaciones electrónicas
. La tramitación y aprobación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones es uno de los compromisos de la estrategia “España Digital 2025” en el ámbito de la conectividad, piedra angular de la transformación digital.

El anteproyecto incluye la regulación no solo de los servicios de
comunicaciones electrónicas, sino también aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los usos del dominio público radioeléctrico.

Como novedad, por primera vez se regulan los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería. Se imponen obligaciones de carácter administrativo, como la comunicación al Registro de Operadores y la obligación de observar medidas de seguridad de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza diferenciada respecto a los servicios tradicionales.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto en valor las redes de
telecomunicaciones, por lo que el anteproyecto presta especial atención a
favorecer un acceso en igualdad de condiciones y en condiciones asequibles a las comunicaciones electrónicas con la renovación y flexibilización del servicio universal.

Por una parte, se eliminan ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas. Por otra, se incluye que las velocidades de acceso garanticen la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por internet. Asimismo, para garantizar la capacidad de elección del usuario, se establece la posibilidad de que la asequibilidad del servicio universal pueda ser garantizado por todos los operadores.

También como novedad, se incluye una revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores. La más importante de estas reformas es la determinación de una duración mínima de 20 años para las licencias asociadas a los usos limitativos de espectro.

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