Juan Marín y Javier Imbroda han firmado un nuevo convenio que tiene por objeto «garantizar la escolarización de los menores infractores que cumplen algún tipo de medida judicial». Como novedad el documento establece la figura del coordinador provincial que velará por la agilidad de los trámites administrativos.

«El cumplimiento de una medida judicial no puede suponer una desventaja en el proceso de escolarización de estos menores. Deben continuar con su formación cuando ingresan en un centro de internamiento para cumplir una medida judicial. La formación académica es algo básico y clave para la reeducación y reinserción de estos jóvenes», ha asegurado Marín.

El convenio garantiza la escolarización de los chicos que cumplen una medida en los recursos de Justicia Juvenil. Tanto en alguno de los 16 centros de internamiento de menores infractores (CIMI) de la comunidad andaluza. Como en medio abierto, especialmente aquellos que son derivados a un grupo educativo.

Este convenio viene a favorecer la continuidad de los ciclos educativos aun cuando el menor permanezca en centro de internamiento o reforma. «Se garantiza así el derecho de los menores internados a recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente le corresponda, cualquiera que sea su situación en el centro», afirma Marín.

La Consejería de Educación garantizará la escolarización de este alumnado en centros del sistema educativo público andaluz. De esta forma cursan la educación obligatoria y posibilitará la escolarización postobligatoria. Ya sea el régimen ordinario o en el régimen de personas adultas cuando sus circunstancias lo hagan necesario.