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El grupo de Unidas Podemos e Independientes denuncia que el cementerio de Granada acumula ya un retraso de siete meses en la licitación de un nuevo contrato de vigilancia y seguridad, por lo que no se está prestando el servicio. Es el Ayuntamiento de Granada, como máximo responsable, quien debe sacar a concurso este contrato, que finalizó a finales de 2021. La empresa que gestionaba la seguridad no optó por la prórroga del contrato pero, avisan desde UP, el equipo de gobierno ya tendría que tener preparados los pliegos y puesto en marcha este nuevo proceso de licitación.

El concejal de la confluencia Paco Puentedura advierte de que, sin embargo, «llevamos estancados siete meses y ni siquiera existen nuevos pliegos, a pesar de que por parte de UP hemos reiterado la necesidad de desatascar la situación para recuperar el servicio de vigilancia y seguridad». El edil ha señalado que «la respuesta por parte del Ayuntamiento que hemos obtenido hasta ahora ha sido que los pliegos se sacarían de ‘manera inminente’, pero pasan los meses y seguiremos sin este servicio, como mínimo hasta finales de este año».

Puentedura ha subrayado que «esta dejación trae consigo varias consecuencias». La primera de ellas, argumenta, es la pérdida de los 12 empleos que genera este contrato, «trabajadores que tenían derecho a la subrogación de su contrato, porque así viene recogido en el convenio colectivo en una situación de continuidad o sucesión de empresas en el proceso de contratación de pública».

El concejal explica que la segunda consecuencia también afecta a la ciudadanía porque los trabajadores de vigilancia no solamente ofrecían un servicio de seguridad, también atendían y orientaban a quienes visitan el cementerio. Puentedura recuerda que, «además de quienes acuden para visitar a sus seres queridos, hay muchos que se interesan por su valor histórico y artístico, ya que se trata de uno de los camposantos con mayor renombre de España».

Ante esto, el concejal mantiene que la respuesta de Emucesa es que «si alguien requiere información puede acudir a la oficina de la empresa», pero advierte de que «no es lo mismo tener a alguien a pie de calle para ayudar o guiar a los visitantes, que tener que volver a la zona de tanatorios para esclarecer cualquier duda».

La tercera secuela de esta dejación de funciones municipal al no licitar de inmediato el contrato es económica, hace hincapié el concejal. «Existe una intención oculta al no licitar este contrato”, informa, “lo que pretende el socio privado que gestiona el cementerio es que al no producirse el gasto de este concurso, se engorde de forma ficticia la cuenta de resultados y los beneficios, todo ello perjudicando un servicio esencial».

Puentedura explica que «el socio privado recibe un bono de gestión en función de si es capaz de reducir los costes de gestión, y ese extra puede suponer hasta un 45% de lo ‘ahorrado’«. La maniobra, añade, «consiste en no licitar el contrato o retrasarlo para que no se produzca el gasto y así se pueda engrosar la cuenta de beneficios de la empresa». Todo ello, finaliza Puentedura, «a costa de que 12 personas pierdan su trabajo y que los granadinos y granadinas pierdan un servicio esencial». «Son las consecuencias de las privatizaciones«, reitera, «la prioridad está en que la empresa gane más dinero a costa de los servicios que se tienen que prestar».